Los
sindicatos critican el acoso del Gobierno local a los trabajadores del
Ayuntamiento, así como el pago de sobresueldos a altos cargos
Semana de críticas por parte de los
sindicatos hacia el Ayuntamiento de Mieres. Así, en primer lugar, la Corriente
Sindical de Izquierdas (CSI) reprochó hace unos días al Gobierno de Mieres por
estar amenazando a los trabajadores con despidos mientras paga sobresueldos "de entre 1.000 y 1.500 euros a altos
funcionarios". La central defendió a los trabajadores que, avalados
por una sentencia, han iniciado el procedimiento judicial para reclamar los
complementos salariales que les fueron retirados en el plan de ajuste.
"La
ciudadanía debe saber que en los despachos de cristal que esgrime el Gobierno
local se hacen traslados a dedo, que toda política de personal es absolutamente
ilegal y que, desde el primer minuto de su gobierno no hacen más que amenazar
pública o privadamente con despidos", señalaron los portavoces de la sección sindical de la
CSI.
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| *Un operario municipal limpia la glorieta de La Guareña. |
La sorpresa de la trabajadora fue que
al cobrar la nómina de ese mes, no se le abonó el 100% del salario como ordena
la legislación en casos de accidente laboral, por lo cual el sindicato CSIF
presentó reclamación previa, argumentando que el haberle descontado el fin de
semana no era de recibo. “Con gran
desprecio, el equipo de gobierno de Aníbal Vázquez respondió que fuésemos al
juzgado y un año después los tribunales le han dado la razón a la operaria, que
percibirá 168 euros”.
Esta trabajadora es esposa del
delegado sindical de CISF que denunció a un edil del gobierno local por un
delito de faltas e injurias, demanda esta última que sí fue archivada por el
juzgado.
Por último, el SIPLA ha criticado que
el Gobierno local comunicase en julio a los grupos de la oposición la apertura
de una investigación para esclarecer si hay "acoso"
laboral en el seno de la Policía Local de Mieres tras la denuncia presentada
por un subinspector contra sus dos jefes directos y que hoy ese procedimiento
está parado, desde entonces, debido a que el Ayuntamiento no cuenta aún con
instructor para llevar el caso.
En este marco, el citado subinspector
lleva nueve meses esperando a que el gobierno local abra la investigación
comprometida sobre su denuncia por acoso.
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