Tras
el fallo sobre el “caso Goncesco” de
hace un par de semanas que hará que el Ayuntamiento tenga que comprar tres
parcelas a la constructora por una cantidad aún sin determinar, pero que se
moverá entre 1,8
y 2,5 millones de euros, repasamos esta semana algunos de los fallos
judiciales que han echado por tierra diversos planes del Consistorio…
-La perrera de La Cabana
La perrera de La Cabana, denominada
'Depósito de Animales', fue construida en 2010 el marco del Plan E, la
iniciativa estatal que tenía como objetivo fomentar la inversión en los
municipios. Se invirtieron 400.000 euros en este proyecto que contó desde el
principio con una firme oposición vecinal, que ha pedido siempre su derribo.
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| *IMAGEN: La perrera de La Cabana. |
En febrero de 2012, el Ayuntamiento
anunció que iniciaba el proceso para legalizar la perrera de La Cabana, después
de que un fallo judicial diera la razón a los vecinos y reconociera que las
instalaciones contaban con algunas irregularidades. Más de año y medio después
ese proceso no se ha iniciado y todo hace indicar que cuando se tome la
decisión será necesaria una importante inversión para adecentar el equipamiento.
-La subestación eléctrica de Santa Marina
Desde su
planteamiento, la subestación de Santa Marina, ideada por E.On para dar
servicio al propio barrio así como al de La Mayacina, que estaba en plena
expansión urbana, provocó numerosas críticas por parte de los vecinos, sobre
manera por su cercanía a colegios y viviendas. Esto les llevó a crear una
plataforma que contó con el apoyo de buena parte de la ciudadanía de Mieres.
Protestas en plenos municipales, manifestaciones en la calle y acciones administrativas
fueron algunas de las medidas tomadas por la plataforma, que llevó la
construcción de la instalación a los tribunales.
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| *IMAGEN: Subestación de Santa Marina. |
En diciembre de 2012 el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificó el fallo y condenó a E.On a
demoler la subestación. Casi un año después, la empresa no ha hecho nada para
proceder a ejecutar la sentencia.
-El edificio de la calle Degaña
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| *IMAGEN: El edificio de la calle Degaña. |
Tras un farragoso proceso judicial en el que se llegó a la conclusión de la imposibilidad material de abordar algún tipo de derribo en el edificio, habitado desde principios de la pasada década, la justicia estableció las correspondientes indemnizaciones a los vecinos afectados. Los pagos a las familias van desde los 6.000 a los 56.866 euros.
Como curiosidad, la distancia que hay entre parte
de la fachada del edificio y parte de la fachada de otro edificio, por la parte
interior, es de unos dos metros, cuando el mínimo requerido es de al menos
cinco.
-El recorte salarial del plan de ajuste
El recorte
salarial de 1,4 millones de euros que el Ayuntamiento de Mieres comenzó a
aplicar en junio de 2012 fue mutilado un mes después en los juzgados. El
conflicto colectivo presentado por los sindicatos CC OO y UGT fue atendido y la sentencia anuló el ajuste
que afectaba a todo el personal laboral, unos 280 trabajadores (una gran parte
de los trabajadores del Consistorio).
La juez, a
grandes rasgos, reprochó al equipo de Aníbal Vázquez que no hubiera seguido el
procedimiento que establece el marco regulador del Estatuto de los
Trabajadores, haciendo hincapié en que el ajuste había sido “impuesto” de
manera “unilateral”, sin abrir el pertinente proceso de negociación con los
representantes de los trabajadores.
La
sentencia, que no fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia,
reclamaba al Ayuntamiento que “repusiera” a los trabajadores los derechos
afectados por el recorte salarial. El texto de la providencia apuntaba que el
Ayuntamiento “impuso unilateralmente las medidas, sin que por la parte social
hubiese mayor participación que su oposición escrita al plan mediante una
propuesta alternativa presentada con posterioridad”.
Ninguno de los sindicatos acudió a la vía judicial para reclamar esa devolución de lo recortado, dejando en manos de los trabajadores esa opción. Pocos fueron los que reclamaron que se les devolviese lo recortado en los dos meses en los que se aplicó el plan de ajuste, que tuvo que ser, de una vez por todas, negociado con los sindicatos.
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Ninguno de los sindicatos acudió a la vía judicial para reclamar esa devolución de lo recortado, dejando en manos de los trabajadores esa opción. Pocos fueron los que reclamaron que se les devolviese lo recortado en los dos meses en los que se aplicó el plan de ajuste, que tuvo que ser, de una vez por todas, negociado con los sindicatos.
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