El PP denuncia “irregularidades”en la compra de contenedores entre 2013 y 2016 y advierte que estudiará otros contratos
“Sospechoso” y con “irregularidades flagrantes”. Así calificaron recientemente desde
el Partido Popular el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de
Mieres para la adquisición de contenedores de basura entre los años 2013 y
2016. La diputada Gloria García señaló que en procedimientos como este, y
siguiendo la legislación vigente, “no se
puede mencionar en las especificaciones técnicas una fabricación o una
procedencia determinada ni hacer referencia a una marca, una patente o a un
tipo con el fin de favorecer o descartar ciertas empresas o productos”. En
los concursos convocados por el Ayuntamiento de Mieres una de las exigencias
del pliego técnico de contratación figura redactada igual que una patente de la
empresa adjudicataria.
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| *Un contenedor de basuras en El Pedroso. |
“Sospechamos que algo no
se ha hecho bien y si IU no asume la necesidad de aclarar el procedimiento,
llegaremos hasta donde haga falta para esclarecer lo que ha pasado”, señaló José Manuel Rodríguez, edil y
portavoz de la formación, que no descartó, incluso, emprender acciones
judiciales contra Aníbal Vázquez, a quien instó a dar explicaciones en un Pleno
extraordinario y, de ser preciso, a solicitar un dictamen al Consejo Consultivo
del Principado para abordar las presuntas irregularidades que pudiera haber
presentado el procedimiento.
Portavoces
de IU han criticado la actitud del Partido Popular, apuntando que “el PP formó parte del proceso de
contratación en 2013 y 2014, tuvo la oportunidad de fiscalizar el procedimiento
de contratación y no vieron ninguna irregularidad. Es evidente que ya están en
campaña electoral”.
La
contrarréplica del Partido Popular a las palabras de IU no se hizo esperar: “estudiaremos otra serie de expedientes que
puedan carecer de requisitos de legalidad”, indicó José Manuel Rodríguez,
que lamentó que el equipo de Gobierno de IU “haciendo
uso de su soberbia y prepotencia política se nieguen a dar explicaciones a los
vecinos y a los demás grupos políticos”.
El
coste de la adquisición de los depósitos de basura en los contratos objeto de
la controversia superó los 210.000 euros más IVA.
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