El Tribunal de Cuentas investiga las "irregularidades" económicas
detectadas en el Ayuntamiento
El Tribunal de Cuentas ha incoado una
investigación a partir del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las "irregularidades"
detectadas en materia salarial y de impuestos en el Ayuntamiento de Mieres.
Irregularidades puestas de relieve por los propios servicios de Intervención
del Consistorio y que en el caso de los salarios se remontan a 2009, con la
aprobación del convenio laboral aún en vigor.
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| Ayuntamiento de Mieres |
La investigación del Tribunal de
Cuentas fue uno de los temas que se trataron en el Pleno de febrero. Aníbal
Vázquez se mostró tranquilo: "Hice todo lo posible, todo lo que estaba en
mi mano para tratar de anular un convenio ilegal, pero no fue posible".
Recordaba que "en 2015 pedí una copia del convenio para revisarlo. Cuando
solicité una copia a Trabajo para comparar detectamos que se había perdido el
informe de Intervención que recogía los reparos", explicó el regidor, que
justificó haber revisado el convenio en 2015, ya que "cuando llegué me
centré en la díficil situación económica y no tuveel tiempo necesario para
entrar en un análisis detallado del convenio". Detectadas las
irregularidades, el Gobierno local denunció el convenio y aunque se llegó a
firmar uno nuevo, los técnicos lo tumbaron.
Desde 2009, el Ayuntamiento viene
pagando las nóminas a su personal pese a los reparos de Intervención. La
Sindicatura también criticó en su informe "el mantenimiento de personal
objeto de contrato de relevo con posterioridad a la jubilación del trabajador
relevado, accediendo a una plaza de empleo público sin el proceso selectivo
legalmente previsto". De igual modo, la Sindicatura de Cuentas también ha
puesto de relieve que en el Consistorio se producen exenciones de pago de
impuestos fuera de la legislación estatal que rige la materia.
Aníbal Vázquez y el exalcalde Luis
María García, junto a sus respectivos equipos de Gobierno, podrían verse
salpicados por el fallo del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo en materia
de fiscalización de cuentas y gestión económica del Estado, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos.
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