Una carta del Ministerio de Hacienda fue enviada al Ayuntamiento de Mieres en el verano de 2016. En ella se instaba a la "liquidación inmediata" de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres. ¿El motivo? Hacienda esgrimía que, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, debía disolverse automáticamente cualquier entidad pública deficitaria que no hubiera corregido su situación en 2015.
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La carta cayó como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento y fue un auténtico mazazo para los veintiséis trabajadores que tenía en aquel entonces la empresa. "Después de los esfuerzos que hemos hecho, con recortes de plantilla y regulaciones de empleo de más de treinta días, pensábamos que el futuro de la empresa estaba más o menos garantizado", apuntaban los portavoces. IU, PSOE, Somos Mieres y PP mostraron su apoyo a la continuidad de la empresa. Poco después se conoció que la carta de Hacienda también había llegado a otros consistorios, como el de Gijón o el de Valencia, ambos con empresas públicas de transporte de viajeros por carretera.
"Solo es un requerimiento de información. Suministrada esa información, Hacienda analizará las alegaciones presentadas por los municipios para la búsqueda de la solución más adecuada que permita conciliar fundamentos legales con el uso adecuado de los recursos públicos", explicó el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, en cuanto la noticia saltó a los medios.
Mieres presentó alegaciones, se recogieron firmas en las calles y en Change.org y se movilizaron con concentraciones y la marcha, en un autobús de la empresa, hasta Delegación del Gobierno. El revuelo surtió efecto, aunque después de cuatro meses de tensa calma, en los que Hacienda estudió las alegaciones y la situación económica de la empresa. En diciembre de 2016, una segunda misiva estableció que Emutsa siguiese con su actividad, siempre que "el Ayuntamiento de Mieres mantenga su compromiso de asumir la deuda que genera la sociedad municipal", algo que se venía haciendo.
"Fue un intento del PP de Rajoy de cargarse Emutsa y otras empresas públicas. Luego dieron marcha atrás, pero su intención era claramente destruir esas empresas públicas subvencionadas. Ya mostraron esa intención en la ley de 2013 que amparaba la disolución de todo lo que no diera dinero, aunque amparase un servicio público imprescindible", explica, diez años después, nuestro colaborador ElCaraba.
Ilustran un recorte de La Nueva España del 5 de agosto de 2016, dos días después de conocerse la carta, y una fotografía de dos autobuses de la empresa que circulaban en septiembre de 2016.
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