Hablar de impuestos siempre impone respeto. Las obligaciones tributarias nos recuerdan que en la relación con las administraciones hay dos partes, la fuerte y la débil. Adivinen cuál somos nosotros, los simples contribuyentes.
IU desvelaba hace unos días que para 2021 se van a congelar las ordenanzas fiscales, esas que regulan una serie de tasas, precios públicos e impuestos, algunos tan comunes como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, popularmente conocido como viñeta. Los tiempos que corren, tan nefastos como inciertos, han propiciado esa nueva congelación que celebraban en el equipo de Gobierno, al tiempo que recordaban que las ordenanzas fiscales se mantienen así desde 2013.
Esa congelación está siendo posible, desde hace ocho años, gracias a lo que se está recaudando de otro impuesto, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ese que en la calle se conoce como contribución. Hace unas semanas, a finales de septiembre, La Nueva España publicaba un gran artículo en el que se cifraba en el 70% el aumento de la recaudación del IBI en los últimos diez años en Mieres. Unos días después, y para compensar un poco el impacto de un titular que era lo único que se podía leer en la versión digital, el mismo diario sacó otro artículo explicando que el IBI en Mieres era de los más bajos de los "grandes concejos", y cifraba en 203,70 euros el "recibo medio".
¿Cómo es que se recauda más y, sin embargo, el recibo medio no pasa de 203 euros? La razón se encuentra en las entrañas del propio impuesto, que admite, por así llamarlas, dos modalidades en concejos como Mieres el IBI urbano y el IBI rural, la primera, aplicable sobre bienes inmuebles urbanos, y la segunda, sobre bienes inmuebles rústicos. La revisión catastral del 2013 cumplió con su objetivo de dar con miles de bienes inmuebles rústicos inexistentes para el Catastro y el Ayuntamiento, bienes que comenzaron a tributar desde aquel año. También por aquel entonces todo terreno en el que se pudiera construir pasó a tributar como suelo rústico, si no se había construido en él y estaba situado en la zona rural. Si por ejemplo tiene una pequeña pumarada en un pueblo, cerca de la carretera o de un camino con acceso al tráfico rodado, pagará IBI por ella aunque solo tenga manzanos y este año, encima, le hayan dado pocas manzanas.
La revisión catastral fue un acierto para descubrir inmuebles no declarados, aunque igual no lo fue tanto con los suelos rústicos. En ambos casos, y esto sí que es criticable, hubo miles de errores a la hora de atribuir titularidades, segregar fincas e inmatricularlas en el Catastro, gracias a una labor, la de la empresa encargada de llevar a cabo la revisión, que dejó bastante que desear.
En 2013 también se puso sobre la mesa la posibilidad de cobrar IBI a la Iglesia por sus inmuebles no dedicados al culto, unos 157 entre viviendas, garajes y algún colegio. Pese a que tanto Mieres como Lena lo intentaron, con sendas cartas al Arzobispado, el asunto parece que quedó en un forzado barbecho, dado el peso que aún tienen los Concordatos entre Estado e Iglesia de 1979, que contempla esa absurdísima exención para todos los edificios de la Iglesia. En Asturias, solo Avilés logró que pagaran, en el 2015, y no me explico cómo. Respeto los Concordatos, pero la Iglesia debería pagar el IBI como todo buen cristiano.
Volviendo a Mieres y lo que nos ocupa, lo que se comenzó a ingresar de más en concepto de IBI, ese 70% extra, año a año, explica en buena medida que sea posible mantener congeladas las ordenanzas fiscales. En uno de esos artículos de La Nueva España desde el Consistorio afirmaban que no tenían en mente reducir de ningún modo el IBI y hace unos días se daba a conocer que destinarían 80.000 euros a ayudas para el pago del impuesto a las familias más necesitadas. Es el punto paradójico que tiene recaudar en tiempos de crisis, cómo, al final, el Ayuntamiento acaba recaudándose a sí mismo a través de estas ayudas, más que necesarias con la que está cayendo.
ELCARABA
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