ES NOTICIA: Arranca la privatización de la limpieza

Sale a licitación el servicio de limpieza del casco urbano
Dos máquinas barredoras limpian en Pérez de Ayala tras una cabalgata

Diez años y 10.667.456,12 euros, impuestos incluidos. Estas son las cifras claves de uno de los contratos más cuantiosos de los últimos años, que acaba de salir a licitación. Su objeto, la prestación de servicios de limpieza en el casco urbano de Mieres. "El Ayuntamiento no cuenta actualmente con un mínimo de personas suficientes para poder prestar una limpieza adecuada a la capital del concejo", señala el informe de insuficiencia de medios en el que se ampara la convocatoria. "Debido a la pérdida de trabajadores en la plantilla del servicio de limpieza con motivo de jubilaciones y a bajas médicas que han finalizado en incapacidades absolutas no se dispone de la mano de obra necesaria para la realización de la totalidad de los trabajos [de limpieza]", explican los técnicos del Consistorio que han elaborado el informe.
La privatización de la limpieza del casco urbano se dio a conocer a finales de 2020. "Estamos empeñados en prestar el mejor servicio a la ciudadanía y por eso recurrimos a esta fórmula", declaró Manuel Ángel Álvarez, edil de Hacienda y vicealcalde, cuando trascendió la noticia. Por aquel entonces también se anunció la privatización de los servicios de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales y parques y jardines, con dos contratos que suman un millón y medio de euros anuales para tales tareas.
La privatización de la limpieza del casco urbano ha sido criticada por los sindicatos con presencia en la plantilla municipal. Desde CC OO se ha denunciado que este no es sino "un proceso de desmantelamiento de los servicios públicos por quien hace sus campañas bajo el lema del defensor de lo público" y lamentan el "abandono absoluto" de la plantilla municipal y la "falta de soluciones" para garantizar relevos y evitar la privatización. Desde UGT han exigido que se vigile que la empresa adjudicataria cumpla las cláusulas sociales y medioambientales recogidas en los pliegos administrativos y que se elija la "empresa que preste el mejor servicio".

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