ENTREVISTA: Iztiar Fuente, portavoz y fundadora de la Plataforma Contra los Abusos de las Eléctricas

Tras los trámites conducentes a su constitución, hace unos meses, la Plataforma contra los Abusos de las Eléctricas (PLACAE) ha realizado durante las últimas semanas diferentes actos en concejos como Mieres. Fue precisamente en Mieres donde surgió la idea de luchar “contra una realidad que, aunque no siempre mediática era y es tangible”, como nos reconoce Iztiar Fuente, promotora y portavoz del colectivo.

“El sistema eléctrico es una estafa y lo es con la connivencia de un gobierno cuya intervención en este mercado está dirigida por los mismos que se sientan en los consejos de administración de estas empresas”

-El pasado día 10 se presentaba en Mieres la Plataforma contra los Abusos de las Eléctricas, un movimiento que surge en el concejo para extenderse a otros. ¿Cómo y quiénes deciden poner en marcha la Plataforma?

*Cartel de la plataforma.

La plataforma responde a dos sentimientos iniciales. Por un lado, el de la impotencia y la indignación. Aquella que durante mucho tiempo llevábamos sintiendo ante unos precios abusivos de la tarifa eléctrica que muchos compañeros, familiares o amigos a duras penas estaban pudiendo pagar. Pero lo que nos hizo dar definitivamente el paso fue la aparición en los medios de comunicación en los últimos meses de una realidad que, aunque no siempre mediática, era y es tangible en la calle. La muerte de Rosa, la mujer de Reus, víctima de la pobreza energética fue, quizás, la noticia que evidenció la situación más extrema de este problema social. Mientras que el precio de la educación, la sanidad o la cesta de la compra subían, en los momentos más fríos de este invierno se producía el llamado “tarifazo” eléctrico. Esto no afecta únicamente a los casos más extremos sino a una mayoría de personas en nuestro país que sabe muy bien lo que es intentar llegar a fin de mes o ver disminuida la economía doméstica por servicios de primera necesidad que deberían ser considerados un derecho básico y que pagamos a precio de lujo. Ante esta situación injusta muchas personas de diferentes partes de Asturias decidimos salir de la soledad de nuestras casas para colectivizar este problema y plantear soluciones. Ese es el segundo sentimiento, la alegría de sentir que no estamos solos.

-La Plataforma surge, para, entre otros fines, replicar frente al conocido como ‘tarifazo’ eléctrico de hace unos meses. En relación a ello se maneja una pareja de conceptos: tarifa regulada y tarifa de libre mercado. ¿En qué consisten una y otra? ¿Por qué sufren más los clientes con tarifa regulada el ‘tarifazo’ eléctrico?

En los últimos meses hemos tenido que leer declaraciones del presidente del gobierno y de otros responsables políticos encomendándose a la lluvia y al viento para que se pudieran reducir los costes de la generación de electricidad. Lo que no se explica es que precisamente la modificación del sistema eléctrico en el año 2013 aprobada por el Partido Popular da un marco de legalidad a la estafa de fijación de los precios. Más aun, el origen del actual sistema eléctrico lo encontramos en 1997 con el gobierno de Aznar que tuvo dos consecuencias fundamentales que explican la situación actual. Por un lado, el paso de la electricidad de un servicio público a una mercancía en manos privadas que permite encarecer esta tarifa. Por otro, la sustitución de la planificación eléctrica por la libertad de establecimiento y combustible. Esto es, al fin y al cabo, la liberalización del sistema eléctrico y la pérdida del control de la ciudadanía de este bien básico.

*Detalle del apartado de facturación de una factura.

Aun así, estar acogido a la tarifa regulada supone, tal y como los expertos y los estudios serios aseguran, un ahorro anual nada despreciable de la factura eléctrica con respecto a la tarifa del mercado libre. Además, es requisito indispensable para poder optar a ayudas como el bono social o acogerse a convenios como el que tenemos en Asturias que permiten evitar un corte de luz inminente en el caso más extremo. La tarifa del mercado libre permite a cada compañía eléctrica establecer sus propios precios. El mercado eléctrico en nuestro país es en realidad un oligopolio en el que una serie de grandes compañías, en lugar de competir a la baja, establecen precios que luego se demuestran más caros. Las agresivas campañas “puerta a puerta” han conseguido cambiar el contrato a miles de familias asturianas que, sin saberlo, estaban firmando una trampa que luego les impediría acceder a las ayudas mencionadas y que encarecería el precio de la luz.

-En relación a la pregunta anterior, ¿es posible que el consumidor con tarifa regulada pueda pasarse a una tarifa de libre mercado? ¿Cómo y qué implica ese cambio?

Es posible. Aunque nuestra recomendación es, precisamente, en sentido inverso. El cambio de la tarifa de libre mercado a la regulada, también llamada PVPC, con discriminación horaria. En algunos casos al pasarse a la tarifa libre las compañías exigen una permanencia que debemos cumplir. Una vez pasado este plazo podemos solicitar este cambio con una simple llamada telefónica.

-Pese a que se vende como un mercado libre, hay hechos que ponen en tela de juicio que realmente el mercado eléctrico sea un mercado realmente libre, ¿cabría hablar de oligopolio o ‘lobby’? ¿Existen diferencias notables para el consumidor entre los precios que en la práctica manejan las distintas empresas?

*Planta de generación de energía en Soto de Ribera.

Como comentábamos antes, aunque en la teoría la competencia de estas empresas debiera favorecer la bajada de precios a los ciudadanos la realidad es muy distinta. Las grandes compañías eléctricas tienen el monopolio de la generación, distribución y venta de la electricidad, un recurso que, como bien básico que es, consumen todos los ciudadanos de este país. Se trata de un negocio perfecto que, puesto que tiene asegurada la clientela, convierte a la mayoría de consumidores de este país en personas vulnerables ante los precios que marcan estas compañías. Podemos hablar de oligopolio pero también de un lobby de presión política. Cuando decimos que el sistema eléctrico es una estafa estamos diciendo también que lo es con la connivencia de un gobierno cuya intervención en este mercado está dirigida por los mismos que se sientan en los consejos de administración de estas empresas. A nosotros nos gustaría que, en su lugar, se sentaran con la gente, la que es víctima de las decisiones políticas en este sentido, la que, en su caso más extremo, se muere por lo poder calentarse en su propia casa.

Y no se trata sólo de la fijación del precio. También de los millones de euros que son pagados por el Estado a estas compañías y cuya información no es facilitada a la ciudadanía.

-Hablando de precios, ¿en qué falla el sistema actual de fijación de precios de la energía que se genera? ¿Cómo cabría solucionar ese problema?

Los precios se fijan en función de la última central de la que se obtiene energía eléctrica, es decir la más cara. Con este sistema no importa la tecnología que esté generando la mayor parte de la electricidad que se consume y, por tanto, tampoco los costes de la producción de la misma. Para que nos entendamos, aunque la mayor parte de esta energía sea, por ejemplo, producida por la fuerza eólica que es más barata que otras centrales pagaremos el precio del coste de la producción de aquella central cuyos costes de generación sean más caros. Esto hace al sistema profundamente injusto y desproporcionado. Tampoco tiene en cuenta que cientos de centrales eléctricas están completamente amortizadas en la actualidad. La solución debe pasar, necesariamente, por un cambio en la regulación del sistema eléctrico que permita fijar unos precios reales y proporcionales a los costes de producción.

Esto se entiende mejor con cifras. En el año 2016 sólo la ganancia de las tres compañías más importantes (Iberdrola, Endesa y Fenosa) ascendió a unos 5 mil millones de euros. Lo que nosotros decimos es que es de justicia social que ganen un poquito menos para que la gente pueda pagar su factura. No parece lógico que mientras que en nuestro país la gente lo pasa mal para poder hacer frente al gas y la electricidad, estas compañías eléctricas cada año tengan una mayor tasa de beneficios.

-Otro de los focos de atención de la Plataforma es la pobreza energética. En la presentación se hablaba de que cinco millones de familias en España no tienen luz o están en riesgo de que se la corten, ¿cómo puede paliarse este problema?

*La pobreza energética preocupa mucho a PLACAE.

En lo inmediato, es necesaria la paralización de todos los desahucios energéticos o cortes de luz que se están produciendo en nuestro país por motivos económicos. También hay que revisar los criterios y la cuantía de las ayudas tanto a nivel estatal como autonómico, que se demuestran insuficientes. El bono social supone una rebaja del 25 % de la factura eléctrica a unidades familiares que cumplan una serie de criterios que no siempre tienen que ver con la renta económica. Por ejemplo, por el simple hecho de ser familia numerosa. Nos encontramos también casos de familias en los que solo un miembro está trabajando y lo hace con un salario completamente precario que no permite abastecer de los recursos más básicos a la unidad familiar pero no puede acceder a la ayuda. Nosotros decimos que no es lo mismo trabajar por 400 euros al mes que hacerlo por 1.500. En segundo lugar el cambio del I.V.A., que ahora mismo se encuentra en el 21 %, por uno superrreducido del 4%.

Con esto conseguiríamos evitar las situaciones más dramáticas. Pero la gente quiere poder trabajar y hacer frente a la factura. El objetivo no es sistematizar la precarización y las ayudas sino un cambio en el sistema eléctrico que haga los precios más humanos. Esto es posible con voluntad política.

-¿Están poniendo los Gobiernos y administraciones los suficientes medios para lidiar con la pobreza energética?

Algunos Ayuntamientos, conscientes de esta problemática, están intentando poner los pocos recursos de los que disponen para hacer frente, en lo inmediato, a los casos más extremos. Incluso existen algunas iniciativas de creación de cooperativas municipales para la distribución eléctrica. Sin embargo, para acabar con este problema es necesaria una intervención estatal y autonómica en el sentido contrario a las políticas actuales. Mientras que no exista una modificación de la legislación, mientras que no se antepongan los derechos de los ciudadanos, este problema seguirá existiendo.

*Itziar, en uno de los actos de la plataforma.

-Al hilo de la cuestión anterior, ¿cómo funciona y cómo debe solicitarse el llamado Bono Social?

Los pensionistas con bajos ingresos, las familias con todos los miembros en paro y las familias numerosas independientemente de su renta tienen derecho al Bono Social, pero deben tener el tipo de contrato regulado, es decir el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). En estos casos, debe solicitarse a la compañía eléctrica acreditando que se encuentra en uno de estos perfiles. Si una unidad familiar no se encuentra en ninguno de estos supuestos, para poder acceder a él, deberá cambiar la potencia contratada a una menor a 3 kW. En este caso, el Bono Social se otorga de manera automática sin necesidad de solicitarlo.

En cualquier caso, el Bono Social supone un descuento del 25% sobre la factura de la luz, un valor nada despreciable aunque insuficiente para un alto porcentaje de la población.

-Sin dejar de lado las compañías, es frecuente que nos visiten o nos llamen comerciales de distintas empresas del sector ofreciendo contratos que aglutinan luz y gas, o luz y otros servicios complementarios y que prometen un ahorro en la factura. ¿Realmente se da ese ahorro? ¿Qué precauciones deben tomarse antes de decidir firmar o no alguno de esos contratos que nos ofrecen?

Es cierto. Las agresivas campañas puerta a puerta de las compañías eléctricas han provocado que miles de ciudadanos hayan firmado tipos de contratos que incrementan la factura de la luz. Esto ha sido posible por la promesa de descuentos que no son reales y por la oferta de packs que incluyen servicios de mantenimiento que no se necesitan. Podemos decir, con los números en la mano, que en general se trata de una estafa. Firmar esas “ofertas” puede suponer incluso estar firmando una subida de la potencia contratada a unos valores innecesarios para una unidad familiar. Nuestra recomendación es no abrir la puerta.

-En estos primeros meses de funcionamiento imaginamos que habréis conocido de primera mano casos de personas afectadas por alguno de los problemas de los que hablábamos, ¿podría contarse alguno, por supuesto, sin dar nombres ni referencias? ¿Qué proceso se sigue desde la Plataforma para con los casos particulares que llegan a ella?

En general, la mayor parte de las personas que se acercan a la Plataforma se sienten afectadas por este sistema eléctrico y el encarecimiento de precios. Aunque lo puedan pagar se sienten ahogados por los bajos salarios en contrate con los elevados precios de los bienes más básicos. Los casos más extremos están relacionados, por tanto, no sólo con la factura de la luz sino también con la precarización laboral, el problema de vivienda etc.

Un ejemplo, una mujer con dos hijas a cargo que fue desahuciada y que reside, actualmente en una vivienda de Vipasa. Esta vivienda del Principado de Asturias presenta unas condiciones de eficiencia energética enormemente precarias, con humedades y mal aislada que incrementan su factura de la luz. El Principado, consciente de la situación, no hace nada por evitarlo. Ella tampoco puede optar a alquilar a un particular puesto que las ayudas al alquiler se reembolsan a posteriori y su nómina no le sirve a los arrendatarios como aval de que puede pagar. A pesar de trabajar todo el día, su salario es de 673 euros a repartir entre tres miembros de la unidad familiar. A duras penas puede pagar la luz, pero se encuentra en un vacío legal porque, al ser trabajadora, no puede optar ni siquiera al Bono Social. Este no es un caso aislado, es una constante en nuestro país.

-Y ya para terminar, visto el poder de las eléctricas, y los acontecimientos de los últimos meses, ¿qué podría esperarse si no se cambia el sistema actual en los aspectos antes comentados? ¿Cuán de largo es el camino que queda por recorrer, para evitarlo, a esta recién creada Plataforma?

El poder de las eléctricas y el respaldo del gobierno a las grandes compañías es enorme. Somos conscientes de que luchamos contra un gigante. Pero hay esperanzas. Este invierno hemos observado como la ciudadanía comenzaba a indignarse y sensibilizarse por este problema social. Este es el primer paso. Nos consta que en muchas partes del

país la gente se ha empezado a organizarse para protestar por esta estafa. En breves, miles de personas no van a poder pagar la factura a consecuencia de la subida de la luz que se produjo en estos meses anteriores. Pero esto no termina aquí. Con el actual sistema eléctrico nuevos incrementos de la luz están asegurados. Y en ese sentido, la organización ciudadana es necesaria para alertar, informar y construir alternativa. Estamos defendiendo un derecho básico, que la gente no se muera de frío, que no es de justicia que mientras que unos se enriquecen, otros no pueden pagar. El camino es largo, pero ninguna victoria por los derechos sociales fue fácil. Gracias por contribuir a darnos voz.

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